San Martín, Buenos Aires – El Concejo Deliberante de San Martín, Andrés Petrillo, se encuentra en el centro de la controversia tras la aprobación por parte del oficialismo de una modificación en su reglamento interno que limita a 15 minutos el tiempo máximo para el uso de la palabra de cada concejal durante las sesiones. Esta decisión ha provocado fuertes críticas por parte de la oposición, especialmente del concejal Andrés Petrillo, quien ha calificado la medida como «una mordaza a la democracia.»
La aprobación de esta nueva reglamentación tuvo lugar en una sesión extraordinaria, donde, haciendo uso de su mayoría automática, el bloque oficialista impuso la limitación del tiempo de debate. La medida se percibe como una respuesta a las extensas y detalladas exposiciones de Petrillo, quien en la sesión preparatoria anterior había argumentado minuciosamente los motivos de su voto negativo a la Fiscal Impositiva, al Presupuesto y a la Nómina de Mayores Contribuyentes.
«Poner un límite de tiempo para que hablen los concejales de los temas que integran el orden del día, es una mordaza a la democracia, es ir en contra de nuestras funciones legislativas, de la calidad argumentativa y de nuestro rol de representante de los vecinos», afirmó categóricamente Petrillo. El concejal del PRO no dudó en expresar su fuerte desacuerdo con la medida y advirtió que «para que este Concejo Deliberante sea una escribanía del intendente, solo falta que le cambien el cartel en la puerta. Directamente digan que aportan 13 votos oficialistas a todos los despachos que quiere el Ejecutivo, pregúntennos cómo votamos -si quieren- y cierren la sesión.«
Petrillo también denunció la «sistemática» realización de sesiones de carácter express, donde se obvia la lectura del orden del día y de los despachos de comisión, votándose en una sola instancia asuntos trascendentales como la Rendición de Cuentas, el Presupuesto o la nómina de mayores contribuyentes. Enfatizó que «si no podemos debatir, argumentar y llevar adelante la voz de quienes representamos, terminamos siendo nada más que una comisión de homenajes que entrega diplomas una vez cada tanto. Pero esa no es la función para la que nos eligieron los vecinos y mucho menos por la cual nos pagan el sueldo. Los contribuyentes nos pagan para legislar, y debatir, que haya calidad en la argumentación, estudio de los problemas, pero lamentablemente cada vez se busca restringir más y más la representación de los vecinos alejándonos de sus verdaderos problemas.«
La limitación del tiempo de debate en los cuerpos legislativos es un tema delicado que puede tener implicaciones significativas para la calidad de la democracia local. Por un lado, es comprensible que se busquen mecanismos para agilizar las sesiones y evitar que los debates se extiendan innecesariamente, obstaculizando la toma de decisiones. Sin embargo, la imposición de límites de tiempo excesivamente restrictivos, como los 15 minutos establecidos en San Martín, puede resultar contraproducente, ya que impide una discusión exhaustiva de los temas y reduce el espacio para la expresión de las diversas voces de la comunidad.
El caso de San Martín plantea un debate crucial sobre el equilibrio entre eficiencia y representación. La falta de diálogo entre el oficialismo y la oposición, junto con la imposición unilateral de medidas que afectan al funcionamiento del concejo, genera desconfianza y podría erosionar la legitimidad de las decisiones tomadas. Una sana democracia requiere un debate abierto y honesto, donde todas las voces tengan la oportunidad de ser escuchadas y consideradas. Limitar el tiempo de debate de manera drástica podría, en lugar de agilizar el proceso, generar un clima de tensión y dificultar aún más el logro de consensos en beneficio de la comunidad. El desafío reside en encontrar mecanismos que permitan un debate ágil y productivo, pero que a su vez garanticen el derecho a la expresión y la participación de todos los representantes del pueblo.