Tras el allanamiento en Tránsito, Petrillo firmó un pedido de informes y reclamó respuestas al Municipio

El concejal Andrés Petrillo busca que el Ejecutivo municipal brinde explicaciones sobre el operativo realizado en dependencias de la Municipalidad de General San Martín, en el marco de una causa federal que investiga la presunta falsificación de licencias de conducir y documentos de identidad.

El concejal de General San Martín Andrés Petrillo firmó este jueves 20 de agosto un pedido de informes relacionado con el allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina en la Dirección de Tránsito municipal.

“Acá estoy, hoy a primera hora en mi oficina, firmando el pedido de informes por el allanamiento a la Municipalidad de General San Martín”, expresó Petrillo al mostrar el documento en sus redes sociales.

La iniciativa apunta a que el Departamento Ejecutivo explique oficialmente qué ocurrió dentro de la dependencia allanada, cuál fue el alcance del procedimiento y qué medidas administrativas se adoptaron después del operativo judicial.

El pedido se conoce luego de una serie de procedimientos ordenados en una causa que tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1, a cargo de la jueza María Servini, con intervención de la Secretaría N.º 2 de Hugo Gonzalo Mendieta.

Una investigación federal con once detenidos

La investigación de la División Antifraude de la Policía Federal permitió detectar una presunta organización dedicada a gestionar licencias de conducir y DNI con información falsa.

Según fuentes de la causa citadas por Infobae, la estructura habría confeccionado alrededor de 200 documentos y contaría con la participación de algunos empleados municipales. La organización captaba clientes mediante redes sociales y ofrecía documentación a personas que no podían superar los controles médicos, técnicos o legales correspondientes.

El operativo incluyó allanamientos en las municipalidades de San Martín y Ezeiza, en la Agencia Nacional de Seguridad Vial y en domicilios ubicados en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidas once personas, mientras que empleados de las direcciones de Tránsito de San Martín y Ezeiza fueron demorados para su identificación y posteriormente liberados. También se secuestraron teléfonos celulares, documentación, equipos informáticos, licencias y DNI presuntamente apócrifos.

Las detenciones y los elementos incautados forman parte de una investigación judicial en curso. Por lo tanto, las responsabilidades individuales deberán ser establecidas por la Justicia, respetando el principio de inocencia.

La versión del gobierno municipal

Desde el gobierno de General San Martín sostuvieron que colaboraron con todos los requerimientos judiciales y facilitaron el acceso a los registros físicos e informáticos solicitados durante el allanamiento.

Fuentes municipales señalaron, además, que se investigaría el funcionamiento de una “red externa” y que los hechos analizados serían anteriores a la gestión del actual responsable del área de Tránsito.

Sin embargo, las fuentes de la investigación citadas por distintos medios mencionaron la posible intervención de empleados municipales. Esa diferencia entre las versiones conocidas refuerza la necesidad de contar con una respuesta institucional documentada.

El pedido firmado por Petrillo no determina culpabilidades ni reemplaza la investigación judicial. Su finalidad política e institucional es exigir que el Ejecutivo informe qué sucedió, qué áreas quedaron bajo investigación y qué controles existen para impedir la emisión irregular de documentación oficial.

San Martín necesita información pública, precisa y verificable. La verdad no puede quedar atrapada entre versiones periodísticas, comunicados políticos y silencios administrativos: debe surgir de la Justicia, de los expedientes y de las respuestas oficiales.