La provincia de Buenos Aires fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a indemnizar por un monto superior a los 400 millones de pesos, más intereses, a la viuda del gerente de la sucursal Ramallo del Banco Nación asesinado durante la toma de rehenes en 1999.
La Corte decidió dar lugar a la demanda de Flora Beatríz Lacave, viuda del gerente Carlos Chaves y sus cuatro hijos. El resarcimiento que resolvió la Corte con las firmas de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y la conjueza Rocío Alcalá alcanza la suma de 407.082.000 pesos, más intereses a tener en cuenta desde el año 2005.
Qué fue «la Masacre de Ramallo»
El 17 de septiembre de 1999, tres asaltantes tomaron rehenes durante más de 20 horas en una sucursal de la ciudad bonaerense del Banco Nación. Tras una larga negociación, dos de ellos salieron de la entidad crediticia.
Tenían retenidas a seis personas, entre ellos al gerente de la sucursal, y al arribar la policía comenzó el diálogo entre los efectivos y los delincuentes, que buscaban obtener el dinero que había en el banco a cambio de liberarlos.
Luego de haber liberado dos rehenes, pidieron que para soltar al último debían darles la clave de una de las bóvedas del banco, pero las negociaciones se estancaron luego de 20 horas.
En la madrugada del día siguiente, mientras Martín Saldaña, uno de los ladrones, hablaba con el mediador, sus compañeros salieron con los tres rehenes restantes en un auto propiedad del gerente, Carlos Chaves. El mismo conducía el vehículo con un pan de trotyl atado a su cuello.
Los delincuentes intentaban escapar de los policías bonaerenses apostados en las afueras del banco. Los efectivos, a pesar de saber que estaban los rehenes en el vehículo, dispararon más de 150 balas contra el mismo.
El asaltante que quedó en el interior del banco fue detenido, pero al día siguiente apareció ahorcado en su celda. Por otro lado, siete policías que participaron en el operativo fueron condenados entre 2 y 20 años de prisión.
Según establece el fallo, la provincia de Buenos Aires y dos de los policías responsables de los hechos deberán pagar el resarcimiento en un lapso de 30 días.