«La Justicia prohíbe tasas municipales en facturas de servicios»
Hoy celebramos una noticia que apunta a mayor claridad y justicia para los consumidores. La Justicia falló a favor del ministro de Economía, Luis Caputo, en la disputa con los municipios bonaerenses sobre la inclusión de tasas municipales en las facturas de servicios públicos. Esto significa que, en adelante, las facturas de luz y gas solo podrán contener los cargos correspondientes al servicio que realmente consumimos, sin impuestos municipales agregados.
Hasta ahora, algunos municipios, como Tigre, incluían tasas locales en las facturas de servicios públicos, lo que generaba que los usuarios pagaran montos adicionales sin una clara diferenciación entre lo que corresponde al servicio y lo que es tributo municipal. Esta práctica había sido cuestionada por el Gobierno Nacional, que mediante la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio prohibió dicha inclusión, argumentando que esto debía cambiar para mayor transparencia y justicia en la facturación.
El intendente de Tigre, Julio Zamora, presentó un amparo para frenar esta medida, alegando que vulneraba la autonomía municipal y afectaba la recaudación local. Sin embargo, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, a cargo del juez Oscar Alberto Papavero, desestimó el pedido y respaldó la resolución nacional. El fallo sostiene que la medida no es arbitraria ni ilegal y que los municipios pueden buscar otras formas de recaudar sin cargar a los ciudadanos con costos extras en sus facturas de servicios.
Esta decisión me genera una gran satisfacción porque alinea las cosas para bien. Muchas veces nos encontramos con facturas que incluyen conceptos poco claros, lo que afecta la economía diaria de las familias. Que se priorice la transparencia y la defensa del consumidor es una señal positiva. No se trata de negar la importancia de los tributos municipales, sino de que cada cargo esté donde corresponde y que los ciudadanos sepan exactamente qué están pagando y por qué.
A partir de ahora, los municipios tienen 90 días para encontrar nuevas formas de recaudar estas tasas sin incluirlas en las facturas de servicios públicos. Esto representa un desafío, pero también una oportunidad para modernizar los sistemas de cobro sin afectar la economía de los hogares.
Que todo esto se esté alineando para mayor claridad y justicia es, sin dudas, una buena noticia. Seguiremos atentos a los próximos pasos de esta medida y a cómo impacta en la vida cotidiana de los ciudadanos.