En la sesión del 26 de agosto del Concejo Deliberante de General San Martín presencié improperios, descalificaciones y expresiones agraviantes de algunos concejales hacia sus pares de la oposición. A ese trato entre representantes se sumaron los gritos e insultos de militantes ubicados entre el público. La forma de dirigirse a quienes piensan distinto merece un cuestionamiento institucional.

Estuve allí como periodista de Estación Landon y como integrante de Red Entrelazadas. Junto a otras mujeres de la red sostuvimos carteles en silencio, reclamando información sobre la Comisión de Mujeres y respuestas a las presentaciones vinculadas con Daniel Mollo. Mi acercamiento a Diego Perrella ocurrió después de finalizada la sesión.

El agravio también salió de las bancas

La falta de respeto incluyó la manera en que algunos concejales se dirigieron a sus propios pares opositores. Hubo improperios y malas expresiones para comunicarse, con descalificaciones que desplazaron la discusión desde los argumentos hacia el trato personal.

En el Concejo deben poder formularse críticas duras, cuestionarse decisiones y defenderse posiciones enfrentadas. Es parte de la representación democrática. Pero el uso de expresiones agraviantes contra otro concejal deteriora el intercambio y condiciona la posibilidad de que su planteo sea escuchado con el respeto que corresponde.

Un concejal de la oposición representa a vecinos y tiene derecho a intervenir sin ser humillado. Cuidar ese trato es una responsabilidad de cada integrante del cuerpo. La presidencia tiene, además, el deber de conducir la discusión y responder a los agravios sin aplicar un criterio distinto según quién habla.

El Reglamento Interno del HCD fija una obligación concreta: el artículo 116 exige decoro y el 117 prohíbe las alusiones irrespetuosas a personas o instituciones. Ese estándar debe guiar tanto la conducta entre concejales como la conducción de la sesión. La discusión puede ser firme sin convertirse en maltrato.

Petrillo pidió orden: una responsabilidad de la presidencia

Cristian Alonso defendió el cuestionamiento a la condena de CFK y lo vinculó con la defensa de la democracia. Andrés Petrillo, del PRO, reclamó atención a la seguridad y a los problemas del distrito.

Durante su exposición se escucharon gritos e improperios de militantes presentes en el sector del público. Petrillo le pidió a Diego Perrella que llamara al orden. El presidente respondió en tono burlón, una actitud impropia de quien debía conducir el debate y garantizar que el concejal pudiera ser escuchado.

Petrillo también recibió un trato descalificador de otros concejales. Su pedido de orden requería una intervención que protegiera el uso de la palabra; la respuesta burlona agravó el problema. Corresponde al cuerpo revisar esas formas de trato y a la presidencia garantizar que las diferencias se discutan con argumentos.

Quiénes somos las mujeres de Red Entrelazadas

Red Entrelazadas es una red comunitaria y apartidaria de alcance federal, nacida en San Martín, orientada a defender los derechos de las mujeres y la niñez y a acompañar a quienes necesitan ayuda. Su vocación es promover el apoyo solidario, acercar información útil y facilitar el acceso a orientación profesional y recursos de asistencia.

Buscamos que las personas encuentren escucha, acompañamiento y caminos concretos para ejercer sus derechos. Cuando una situación requiere intervención especializada, promovemos el contacto con profesionales y organismos competentes. Esa es la ayuda responsable que queremos construir y fortalecer.

Desde esa identidad participamos del reclamo por la Comisión de Mujeres. Estación Landon es el medio desde el que realizo esta cobertura; Red Entrelazadas es el espacio comunitario desde el que también me involucro en la defensa de esos derechos.

Me acerqué a Perrella después de finalizada la sesión

Mi pedido de explicaciones a Diego Perrella ocurrió una vez finalizada la sesión. Las mujeres de Red Entrelazadas que llevábamos los carteles permanecimos en silencio durante el debate: no hablamos ni interrumpimos las intervenciones, porque respetábamos ese momento institucional. No me dirigí al presidente mientras se desarrollaba la sesión; esperé a que terminara para acercarme.

Fue en ese intercambio posterior al cierre cuando Perrella me gritó, un trato que viví como una agresión verbal. Es importante precisar la secuencia: mi acercamiento no interrumpió el debate ni impidió que el Concejo sesionara.

Durante la sesión, en cambio, hubo militantes entre el público que gritaron e insultaron a concejales de la oposición. Frente a esas agresiones, no advertí en Perrella una reacción de rechazo comparable a la que manifestó ante mi pedido de explicaciones, formulado cuando la sesión ya había terminado.

Esa diferencia de trato es lo que cuestiono. Las mujeres respetamos el desarrollo de la sesión y mi pedido de explicaciones llegó después del cierre. El respeto no puede exigirse de manera selectiva: los insultos durante el debate también requieren una respuesta de quien lo preside.

El contenido de los carteles puede verse en las fotografías: preguntas por la Comisión de Mujeres, pedidos de acompañamiento a los derechos de las mujeres y reclamos de respuestas públicas a Mollo. Esas eran las cuestiones que llevábamos al recinto. No corresponde desmerecerlas mediante una descalificación personal de quienes las planteamos.

El trato del presidente ante un reclamo por violencia contra las mujeres

Fui a pedir respuestas sobre violencia contra las mujeres y sobre la Comisión de Mujeres. Recibí gritos del presidente del Concejo. Ese es el contexto del episodio: había esperado a que terminara la sesión y me había acercado a pedir explicaciones.

Mientras Perrella me gritaba, una mujer presente se dirigió a él delante de mí e hizo una alusión a la salud mental en forma de recomendación. Entendí esa intervención como una descalificación hacia mí. No recuerdo las palabras exactas y por eso no reconstruyo una cita textual.

Perrella asintió ante ese comentario. Interpreté el gesto como una aprobación de esa descalificación. Mi cuestionamiento está dirigido al trato que recibí: los gritos del presidente y una intervención que viví como un respaldo a su conducta, cuando yo era la destinataria de esos gritos.

La relación de autoridad es parte central del episodio. Un hombre que presidía el Concejo se dirigía a los gritos a una mujer que había ido a reclamar por violencia de género. Su cargo le imponía una responsabilidad de trato institucional; no lo autorizaba a descalificar a quien pedía explicaciones. La persona que reclama respeto no debe terminar responsabilizada por el maltrato que recibe.

Consideré la intervención de esa mujer complaciente con quien ejercía la autoridad y ofensiva hacia mí. El reclamo exigía respuestas sobre derechos y sobre la actuación del Concejo. Lo que debe explicarse es por qué recibí ese trato al formularlo.

La Comisión de Mujeres: lo que dicen los documentos

El pedido de información tiene un respaldo verificable. El artículo 43 del Reglamento Interno publicado por el HCD incluye la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad. El artículo 44 le asigna asuntos relacionados con políticas de género, igualdad y erradicación de la discriminación y la violencia.

Sin embargo, al consultar el listado público de comisiones el 27 de agosto de 2026, esa comisión no aparece. La omisión en una página web no demuestra por sí sola que haya sido eliminada. Sí justifica pedir una explicación y la publicación de su integración, autoridades y actividad.

Mi pedido de aclaraciones respecto de las denuncias mencionadas contra Mollo tiene, además, un registro concreto: el expediente 204-R-2026. Su historial público informa un pase a Legislación, Interpretación y Reglamento el 14 de julio de 2026; en la ficha consultada no figura una respuesta de fondo.

La pregunta es qué tratamiento recibió esa presentación y cómo se comunica su resultado. Mencionar denuncias o mostrar un cartel no equivale a dar por probados los hechos denunciados. Corresponde respetar las garantías de las personas señaladas y, al mismo tiempo, atender el pedido de información y a quienes reclaman.

El acceso al Concejo y el derecho a un trato respetuoso

También dejo asentados los episodios que he relatado con un integrante de seguridad: intentos de retirarme, de desalentar mi ingreso y la advertencia de que quedaría bajo su supervisión. Son situaciones que viví como hostigamiento. Pido que se aclare qué criterios se aplicaron y con qué fundamento.

El artículo 14 de la Constitución Nacional reconoce el derecho a peticionar a las autoridades. Ese derecho también debe ser considerado al evaluar el trato recibido por quienes nos acercamos a solicitar información y respuestas.

El artículo 140 del mismo reglamento faculta a la presidencia a ordenar el acceso y a desalojar a quienes perturben el funcionamiento del cuerpo. Esa atribución no significa que el público pueda intervenir sin reglas; tampoco ofrece una justificación para las descalificaciones personales. En el episodio que relato, mi pedido se produjo después de finalizada la sesión y no puede describirse como una interrupción del debate. El orden debe cuidarse con criterios claros y un trato respetuoso.

La Ley 26.485 protege la dignidad y la reputación de las mujeres (artículo 3, inciso d). Su artículo 5, inciso 2, incluye la humillación, el descrédito y los insultos entre las conductas que pueden integrar violencia psicológica. El artículo 4 exige analizar las razones de género y la relación desigual de poder, y contempla también las conductas de agentes del Estado.

El artículo 6, inciso b, define la violencia institucional contra las mujeres cuando una actuación de funcionarios u otros agentes busca obstaculizar el acceso a las políticas públicas o el ejercicio de los derechos protegidos por la ley. Ese marco permite examinar el contexto del reclamo, el trato recibido y sus efectos. La calificación jurídica del episodio requiere valorar las pruebas y los elementos que exige la norma. Expongo lo que viví y solicito que se esclarezca lo ocurrido y se determinen las responsabilidades que correspondan.

Las respuestas que sigo reclamando

La presidencia debe explicar cómo garantizará un trato respetuoso entre concejales y qué criterio aplicará ante los agravios dirigidos a la oposición. El cuidado del debate no puede depender de la pertenencia política del orador ni de la simpatía que genere su reclamo.

Espero que se informe quiénes integran la Comisión de Mujeres, qué actividad desarrolla y qué respuesta recibió el expediente. También que se aclaren los episodios de trato que describo y se aseguren condiciones respetuosas para participar y trabajar en el Concejo.

Quienes ocupan una banca tienen la responsabilidad de escuchar preguntas incómodas y respetar a sus pares. Desacreditar a la persona que pregunta deja intacto el problema que llevó al recinto. Los representantes merecen respeto entre sí. Las mujeres de Red Entrelazadas y las personas cuyos derechos defendemos también merecemos respuestas y un trato digno.