El Gobierno decidió mantener fuera de la reforma del Código Penal el debate sobre la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Funcionarios que participan de las conversaciones sostienen que reabrir la discusión podría tener un costo electoral para La Libertad Avanza y desplazar el eje que el oficialismo busca instalar en materia de seguridad. La decisión no supone un cambio en la posición personal de Javier Milei sobre el aborto, sino que el Ejecutivo no proyecta llevar esa postura al Congreso mediante esta iniciativa.
La exclusión se definió durante las conversaciones sobre el alcance del proyecto. El Ejecutivo optó por proponer cambios al Código Penal vigente y no una sustitución integral, que podría obligar a revisar expresamente las disposiciones incorporadas con la Ley 27.610. En la Casa Rosada consideran que una reforma amplia abriría una discusión sobre el régimen del aborto aunque el propósito inicial fuera modificar otras figuras penales.
La decisión se mantiene tras el mensaje del papa León XIV en el Palacio Libertad. Durante su visita, el pontífice defendió la protección de la vida desde sus primeros momentos, pero, según la información publicada, no pidió expresamente modificar la legislación argentina. Funcionarios del Gobierno interpretaron sus palabras como parte de la posición doctrinaria de la Iglesia y no anunciaron cambios en la agenda legislativa. El discurso también incluyó planteos sobre instituciones, límites al poder y búsqueda de acuerdos.
La posición del Ejecutivo contrasta con declaraciones anteriores de Milei, quien cuestionó la legalización del aborto y la vinculó con la baja de los nacimientos. Sin embargo, los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud citados en la nota muestran que la caída ya se registraba antes de la sanción de la ley: hubo 777.012 nacimientos en 2014 y 533.299 en 2020. La tendencia continuó después: en 2024 se contabilizaron 413.135 y los resultados parciales difundidos para 2025 informaron 401.245.
La vicepresidenta Victoria Villarruel, por su parte, cuestionó que el Gobierno no haya impulsado la derogación tras el primer discurso del Papa en el país. La norma vigente permite acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive; después de ese plazo, contempla la práctica en casos de violación o cuando está en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante. La reforma penal proyectada no modifica esos derechos por sí sola: para alterar ese régimen sería necesaria una intervención legislativa.
El Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica siguen negociando el contenido y la extensión de la reforma, que todavía tiene diferencias técnicas pendientes. El Gobierno busca cerrar el texto y enviarlo al Congreso antes de fin de año, aunque ese plazo no asegura que el debate comience de inmediato. Entre los cambios bajo análisis figuran aumentos de penas y modificaciones sobre robos, delitos contra menores, narcotráfico, fraude, legítima defensa y prescripción. El calendario también está condicionado por el tratamiento del Presupuesto 2027 y otros proyectos antes del cierre del período ordinario.
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